Por último indica, que la Fundación Tripartita realizará las comprobaciones oportunas con el objeto de informar a las autoridades competentes sobre aquellas prácticas que puedan suponer una conducta de las recogidas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Dicho artículo prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva que tenga por objeto impedir, restringir o falsear la competencia. También se prohíbe la fijación de precios o de otras condiciones comerciales que perjudique la libre competencia, o la aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. También los medios para eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios contemplados.

CAMBIOS EN FORMACIÓN CONTINUA

En los Presupuestos Generales del Estado la única partida relacionada con las políticas activas de empleo que aumenta es la Formación Bonificada. Y según informa El País, el nuevo director gerente de la Fundación Tripartita, Alfonso Luengo, destaca que para el Gobierno, la formación estrella “es la formación de demanda (Formación Bonificada), la formación de empresas, que es la que más recursos públicos consume; la que más les gusta a los empresarios y la que tiene un mayor margen de mejora sin elevar los costes del sistema”.

Donde el Gobierno ha recortado drásticamente el presupuesto es en los fondos destinados a la formación continua de los trabajadores gestionados por empresarios, sindicatos y Estado a través de la Fundación Tripartita. El director gerente de la Fundación Tripartita no oculta la mala imagen que lastra a esta formación (denominada de Oferta), “y la necesidad de cambio en el sistema, que es claramente percibida por agentes, usuarios y proveedores del mismo”, han llevado al Gobierno a dar entrada, además, a nuevos participantes en la gestión de los recursos y en el diseño de las políticas en la formación, a los denominados centros y entidades de formación homologados que introduce la reforma laboral, que destierran el histórico monopolio de los agentes sociales en la gestión de estos cursos.

“El sistema no falla porque haya crisis, sino porque no contribuye al empleo ni a aumentar la empleabilidad de los ocupados. Y esto es un escándalo. Por ello es bueno hacer que sea más transparente y abierto, permitir una mayor concurrencia”, sostiene Luengo. A su juicio, la reforma del sistema pivotará en la profesionalización de las entidades que intermedian, la simplificación de los trámites, la implantación en las microempresas y, sobre todo, aquellos puntos que permitan incrementar la eficacia de los cursos sin aumentar sus costes.